La Fiscalía de Género solicitó a un Tribunal Oral la pena de 261 años de prisión y cadena perpetua para seis implicados en la trata y asesinato de 11 jóve..." /> El Observador | Exigen castigo ejemplar a feminicidas del Valle

La Fiscalía de Género solicitó a un Tribunal Oral la pena de 261 años de prisión y cadena perpetua para seis implicados en la trata y asesinato de 11 jóve..." />

Exigen castigo ejemplar a feminicidas del Valle

Exigen castigo ejemplar a feminicidas del Valle

 

La Fiscalía de Género solicitó a un Tribunal Oral la pena de 261 años de prisión y cadena perpetua para seis implicados en la trata y asesinato de 11 jóvenes mujeres que “levantaron” del Centro de la ciudad y aparecieron muertas en el Valle de Juárez.

Con más de una hora de retraso dio inició ayer el llamado “juicio del año” contra los seis acusados de participar en estos hechos ocurridos entre los años 2009 y 2012, cuando estas mujeres solo acudieron al Centro de la ciudad en busca de trabajo y jamás regresaron a sus hogares.

La sala de audiencias de vio abarrotada por jóvenes estudiantes de preparatoria del Instituto Rosario Castellanos, muchos de ellos menores de edad, que fueron invitados por el Tribunal Oral, lo que causó malestar para algunas madres de familia.

También acudieron representantes de organizaciones sociales que participaron como público en esta audiencia de debate, entre estas Paula Flores e Irma Pérez, madres de Sagrario González Flores y Olga Alicia Carrillo, quienes desaparecieron hace 17 y 19 años, respectivamente, y todavía andan en busca de justicia.

Los defensores de los acusados expusieron una irregularidad por parte del Tribunal Oral, ya que alojaron en una carpa a varios testigos que deben permanecer aislados y a los testigos protegidos en una sala aparte, donde podían comunicarse libremente, lo cual es indebido.

El juicio fue presidido por la juez oral Catalina Ruiz Pacheco, la juez Emma Terán como redactora y la juez Mirna Luz Rocha Pineda como tercer interviniente.

Los acusados son César Félix Romero Esparza, José Gerardo Puentes Alva, Manuel Vital Anguiano, Edgar Jesús Regalado Villa, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terrazas, por los delitos de trata de personas y homicidio agravado.

Las víctimas son María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idaly Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jéssica Leticia peña García, Deisy Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jéssica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce.

El fiscal de género, Ernesto Jáuregui Venegas, apoyado con seis agentes del Ministerio Público y los coadyuvantes Santiago González Reyes y Norma Ledezma, de la Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas, respectivamente, iniciaron la ofensiva para acreditar la responsabilidad de los acusados en esos hechos.

“Para que recuerdes que tienes una hija que vamos a matar junto contigo, sino regresas a trabajar con nosotros”, expuso el fiscal Jáuregui Venegas a las jueces orales de las expresiones que percibirán durante el juicio de jóvenes mujeres que sobrevivieron a este grupo criminal.

“Quiero que me digan qué les hizo mi niña para que la asesinaran”, son las preguntas y constantes de más de una decena de familiares de las víctimas, dijo el fiscal Jáuregui.

Por su parte, la abogada Jesenia Jáquez Villanueva, defensora de los tres de los acusados, expuso en su alegatos de apertura que con el cúmulo de pruebas que se desahogarán en este juicio no lograran demostrar la responsabilidad de sus representados.

“Con la propia prueba del Ministerio Público se logrará acreditar la inocencia y la no participación de mis representados en el injusto que hoy se les reprocha”, expresó la defensora Jáquez Villanueva.

“A lo largo de esta audiencia de debate, lo único que se evidenciará será la falsedad con la que se conducirán los testigos denominados estrella”, dijo la defensora.

LA ACUSACIÓN

En los años comprendidos en los años 2009 a 2012 en los municipios de Ciudad Juárez y Praxedis G. Guerrero, estos seis acusados conjuntamente a través de la división de funciones con otras personas, procuraron, indujeron, facilitaron, promovieron, reclutaron, mantuvieron, captaron, ofrecieron y trasladaron a las víctimas para explotarlas sexualmente y obligarlas a vender drogas para obtener beneficios mediante amenazas físicas y morales.

Posteriormente las privaron de la vida y sus restos óseos fueron recuperados en la región del Valle de Juárez.

Estos hechos son constitutivos de los delitos de trata de personas y homicidio agravado en razón del sexo de las víctimas y edad en algunas de ellas.

La intervención que se les atribuyen a los imputados es de coautores a título de dolo, de acuerdo con el Código Penal del Estado, y la Fiscalía General del Estado solicita la imposición de la pena de prisión vitalicia con respecto al homicidio y 261 años de prisión referente al delito de trata de personas.

En cuanto a la reparación del daño pidió se les imponga la cantidad a pagar de 43 mil 600 pesos a cada una de las víctimas y 171 mil 250 pesos por gastos funerarios a favor del Gobierno del Estado.

DOS TESTIGOS

La Fiscalía de Género presentó como pruebas en este juicio a dos testigos de cargo identificados como Martha Estela Pérez García, maestra universitaria, investigadora y doctora en Ciencias Sociales y Cultura Política, así como la perito Cristina Cervantes Simental, integrante de la Asociación Internacional de Perfiladores Criminales.

La maestra Pérez García expuso en su comparencia la elaboración de varios estudios sobre la problemática en Ciudad Juárez, durante los años 2008 y 2011, donde se desarrolló una violencia sin igual contra la mujer.

Por su parte, la perito sicóloga Cristina Cervantes Simental expuso sustancialmente que elaboró un estudio sobre las características y estado mental de los agresores.

Dijo que se basó en una información preestablecida con datos de la carpeta de investigación, los ministerios públicos y antropólogos forenses que participaron en estos hechos.

Agregó que solo acudió una vez a un rastreo en el Arroyo el Navajo, que le permitió ahonda sobre la elaboración como perfiladora.

A preguntas directas del Ministerio Público, Ana Murga Olivas, quien llevó la voz por parte de la Fiscalía de Género, la perito Cristina Cervantes emitió un análisis de cada de las 11 jóvenes que desaparecieron del centro de la ciudad.

Existe un testigo protegido de iniciales LJRL (Luis Jesús Ramírez Loera) que confesó que en casi todos los levantones de las 11 mujeres participó una persona identificada como Jesús Damián Pérez Ortega, alias El Patachú.

En abril del 2014, Luis Jesús Rampírez Loera, alias El Güero, quien es testigo estrella de la Fiscalía de Género, mintió respecto a la participación de Jesús Damián Pérez Ortega, alias El Patachú, en estos “levantones” y asesinatos.

La Fiscalía de Género tuvo que dar marcha atrás y desistirse de la audiencia de vinculación a proceso en contra de Pérez Ortega, al percatarse de que este se encontraba compurgando una condena por delitos federales cuando ocurrieron los crímenes de mujeres.

Ramírez Loera, quien se encuentra arraigado desde el 4 de abril del 2013, en todo momento ha manifestado que El Patachú participó en dos asesinatos de mujeres y en la mayoría de los “levantones” de las jóvenes mujeres en el Centro de la ciudad y encontradas en el Arroyo el Navajo en el Valle de Juárez.

Ramírez Loera confesó la participación de José Antonio Contreras Terrazas, alias El Koyac; Jesús Pérez Ortega, El Patachú, y Pedro Payán Gloria, alias El Pifas, en los homicidios de Jusalet Alejandra de la Cruz Lucio y Nancy Gómez Farías, de 16 y 19 años, respectivamente, descubiertas en las calles Niquel y Begonias en la colonia Zacatecas ocurridos el 12 de agosto del 2011.

Ramírez Loera reveló que todas las mujeres fueron “levantadas” del mercado Reforma y el mercado Cuauhtémoc y las trasladaban al Hotel Verde, y en varias ocasiones las vendían a los soldados, quienes estaban comprados y otras veces las llevaban a Chihuahua.

De hecho Ramírez Loera reconoció a las once mujeres por las cuales son procesados estas seis personas.

A principios del mes de febrero del 2014, El Patachú fue localizado en un penal de Delicias, Chihuahua, y fue traído a esta frontera donde la Fiscalía de Género le iba a formular imputación por estos asesinatos y se percataron de que este había estado preso en ese tiempo por delitos federales.

Se logró establecer que Pérez Ortega se encontraba a disposición del Juzgado Sexto de Distrito, desde el 2005, por delitos contra la salud y fue sentenciado a 10 años de prisión en el 2007, y obtuvo su libertad el 4 de diciembre del 2012, por lo tanto este no pudo haber participado en estos crímenes, ni en los del resto de las 11 mujeres que desaparecieron del Centro de la ciudad en el 2009 y 2012.

Para enmendar la situación, el 13 de febrero del 2014 se celebró una audiencia secreta en los Tribunales de Garantía bajo la causa penal 791/2013 y ante la evidencia presentada, la Fiscalía de Género se desistió de la vinculación a proceso y el juez no tuvo más remedio que poner en libertad a Jesús Pérez Ortega, alias El Patachú.

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