Legislación ociosa

Por: Roberto Piñón Olivas
Legislación ociosa

 

Felicitaciones al director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, Dr. José Rivera Mejía, por el informe anual, en el cual destaca el fortalecimiento académico e innovación tecnológica.

Existe una discusión teórica en materia jurídica acerca de la naturaleza de la ley general y la ley federal. ¿Son sinónimos, o se refieren a aspectos totalmente distintos?

El tema va más allá de una quisquillosa discusión teórico-jurídica, sobre todo cuando hablamos de Derechos Humanos, y dentro de ellos de libertad de expresión, y específicamente del mecanismo adoptado por el Estado para proteger a periodistas y comunicadores.

Más aún cuando existiendo una ley general que regula la materia expedida desde 2012, denominada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cinco años después se discute en el Congreso del Estado, aún no en comisiones formales, sino en un escritorio, un proyecto de ley que intenta legislar al respecto, con base en una propuesta inicial presentada en 2014 y que tuvo que ser retirada.

Al respecto, en un estudio profundo, Manuel González Oropeza (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/700/22.pdf) expone con claridad la confusión existente entre las denominadas leyes generales en oposición a las leyes federales, especiales e incluso en referencia a los códigos. Una ley general que no regula competencia exclusiva federal, que no busca la concurrencia legislativa, ni es un compendio general de normas ni aglutina diversos ordenamientos, sino una ley general que establece bases de coordinación con las entidades y, sobre todo, desarrolla preceptos constitucionales que deben ser acatados.

Con mayor claridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme (2002, Registro: 187982) establece que “…en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general”.

Leyes generales (Tesis Aislada, 2007, Registro 172739) que “…no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir validamente en todos los órganos jurídicos que integran el Estado Mexicano”, y que “…no son emitidas motu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas”. Jerárquicamente son superiores a las leyes federales y locales (Tesis Aislada 2007, Registro 172667).

En el caso de la ley que protege a derechohumanistas y periodistas, su artículo primero es muy claro. Se trata de una ley general: “Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Siendo de observancia general, esta ley exige de las entidades federativas el acatamiento en sus términos. No es optativo su cumplimiento, ni busca que las entidades federativas a través de sus poderes legislativos reglamenten o desarrollen sus disposiciones, sino que las cumplan, debido a su importancia en términos de su naturaleza protectora de los derechos humanos.

Todo esto bajo mecanismos de coordinación operados a través de diferentes órganos creados para tal efecto, como es el convenio que deberá firmarse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del decreto, entre la Junta de Gobierno y cada entidad federativa.

Es cierto. Cada Estado puede emitir leyes que amplíen dicho mecanismo general de protección a periodistas, que en términos concretos se refiere a la aplicación de medidas cautelares, provisionales y definitivas, para proteger la integridad física de periodistas. Puede pensarse incluso en un mecanismo local, como se hizo en 2010 con el Sistema Integral de Protección a Periodistas, sin desestimar el federal y en coordinación con el mismo.

Sin embargo, siendo ley general, no puede emitirse una ley local contradictoria.

Lo conveniente jurídica y políticamente es fortalecer la coordinación, como ya hacen otras entidades, con base en el convenio y no pretender legislar donde ya está legislado, sino en una materia en la que existe una ley superior, hay una previsión presupuestal federal, está funcionando –actualmente están vigentes 174 medidas cautelares a nivel nacional, 11 en Chihuahua- y, por último, y no menos importante, existe una disposición de fuerza policiaca e inteligencia, en un asunto donde esa voluntad es imprescindible para superar el crimen organizado y la tentación de los gobernadores y alcaldes por violentar libertad de expresión de manera directa e indirecta.

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