La tentación autoritaria

Rodrigo Ramírez Tarango
La tentación autoritaria

 

La libertad de expresión, para seguir siéndolo, debe estar por encima de todos los factores que la pueden anular. El principal y más difícil es evitar el control por parte de las personas que lideran los grupos de poder, particularmente los que predominan en el poder político.

Quien ejerce el periodismo lo sabe, porque directa o indirectamente vivió algún intento o un real control sobre la información por parte de personas que deberían ser ajenas al proceso del tratamiento de los datos que en su momento fueron recolectados para ser considerados dignos de publicarse.

Por otro lado, quien logra ser votado en elección popular para ocupar un cargo público, cuya esencia es servir, como humano que es no está ajeno a la tentación de ir más allá de lo que la ley le establece. Quienes sobrepasan el límite legal, en la gran mayoría de los casos, pasan de ser autoridades para convertirse en autoritarios.

Para un gobernante que cedió a las tentaciones de ir más allá de lo que la ley le mandata, buscar el control de los canales de comunicación social, entiéndase medios masivos de información, es sumamente atractivo pues aseguraría el control.

Por un lado el apoyo de esa entelequia llamada “opinión pública”, y por otro lado no tendría crítica alguna desde las tribunas que son los medios masivos de información.

Al respecto, el periodista español Justino Sinova publicó un análisis titulado “Poder público y medios de comunicación: síntomas de la tentación autoritaria”, donde establece algunos puntos básicos para detectar, comprender y evitar este fenómeno a todas luces nocivo para las sociedades.

En primer lugar, señala, conviene descubrir el grado de presencia del Estado en los medios de comunicación y, lo que es también importante, cuál es la tendencia, si al engrandecimiento del poder de gestión del Estado o a su reducción.

Los medios de comunicación son instrumentos de autodefensa de la sociedad, agrega, y señala que su invasión por los poderes del Estado resta a la sociedad civil capacidad de acción. Considera que en las dictaduras es imposible deslindar los medios de comunicación del Estado: su vínculo se basa en la titularidad estatal de los medios o en la vigilancia jurídica, judicial y policial que se ejerce sobre ellos.

Pero en muchas democracias es posible advertir cómo una esfera de la burocracia gubernamental se implanta sobre uno o varios medios de comunicación, protegidos por la etiqueta de servicio público que el propio Estado otorga, y cómo, bajo el imposible designio de constituirse en voz representativa de la sociedad, acaba sirviendo a los intereses de los administradores públicos de turno.

En muchos casos, la declaración de servicio público no es sino una excusa para el establecimiento de monopolios gubernamentales y para el ejercicio de una competencia desleal con los titulares privados.

Por otra parte como segundo punto establece que un aspecto altamente significativo de la acción del Estado es su penetración en los órganos de decisión de los medios informativos. Gracias, sobre todo, a la declaración como servicio público de determinadas actividades de comunicación, el Estado se reserva una parte del capital social de las empresas privadas del mundo de la información, lo que se traduce en la presencia de funcionarios del Gobierno en los más elevados órganos colectivos de asesoramiento y gestión.

Otras veces, señala Sinova como punto número tres, el gobierno consigue entrar en los medios de comunicación mediante "fieles" profesionales a su servicio. Sería exagerado hablar de una labor de espionaje en los medios de comunicación. La militancia política de los profesionales es una violencia ejercida sobre la libertad de expresión, considera el director adjunto de Diario 16.

Pero no se piense que el logro de la independencia es un objetivo que sólo responde a los mismos profesionales y a sus órganos de autocontrol. Es algo que también debe ser querido por las instituciones políticas. Y allí donde la independencia política de los profesionales no es un valor apreciado por Gobierno y oposición, allí hay un germen de grave deterioro de la información libre.

En el apartado cuatro, el también catedrático de la Universidad Complutense considera que las instituciones políticas mantienen, en ocasiones, desprotegidos a los profesionales. Es otro modo de procurar su debilidad. El flanco más frágil de los informadores es el que les enfrenta con el poder judicial. Una legislación imprecisa o incompleta, que lleve a los periodistas frecuente mente ante los tribunales, que dé lugar a la fijación de elevadas indemnizaciones o que no ampare eficazmente su secreto profesional ante el juez, es un recurso infalible para desarmar a los depositarios del derecho de los ciudadanos a una información emancipadora.      

Finalmente, reflexiona Justino Sinova, que es necesario observar la reacción del poder político ante la información. Cuando responde con el disgusto y con la represalia, la libertad de expresión corre peligro. Hay políticos a quienes se les indigesta con frecuencia el sapo que han de desayunarse cada día e intentan "premiar" y "castigar" a los periodistas.

En nuestro país este premio y castigo, cuando se da, se ve reflejado en los contratos de publicidad gubernamental; sin duda el principal problema en casi todos los países del mundo donde los medios no sobreviven de su circulación o de la contratación de publicidad privada, sino que dependen del dinero público.

Aquí es preciso aclarar que los gobiernos deben publicitar su trabajo, y que los medios de información son un canal idóneo. Sin embargo el problema se presenta cuando la contratación de esa publicidad se hace imponiendo una “condición” cuya cláusula no escrita es un buen trato por parte del medio-empresa.

Retomando los apuntes del maestro Sinova, el autor nos señala que ciertos políticos ponen su interés en rodearse de una cohorte de amigos devotos y tratan de ejercer su influencia "negociando" con el derecho de admisión. Se puede decir que algunos políticos no soportan con entereza la crítica independiente, y pretenden actuar con su influencia, no sólo están luchando contra su propio futuro, sino también poniendo en riesgo una institución fundamental de la sociedad en libertad.

Estos síntomas de la tentación autoritaria son indicadores ciertos de agresiones a la libertad de información —o, dicho más precisamente, al derecho a la información de los ciudadanos— en la contienda inevitable entre el poder y los medios.
Los medios de comunicación deben ser entendidos como vehículos para el control social de la acción del Gobierno y, en general, de todos los poderes. Cuanta más luz se hace sobre todos los mandatarios y jerarquías, más difícil es la corrupción y más fácil la verificación de su eficacia.

En una sociedad libre, los gobernantes deben ganarse cada día el favor de los gobernados, que encuentran su más eficaz defensa en los medios de comunicación. Por eso la libertad de información es un fundamento indispensable de la democracia.

Así ocurre con la información, constreñida por excesivas restricciones, se desenvuelve deficientemente, incapaz de mantenerse en guardia, como quería Thomas Jefferson, para que el Gobierno no se aparte de su misión fundamental.  Lo que pasa es que algunos gobiernos han incluido entre esa "misión fundamental" el objetivo de dominar la información. Con grave daño, en efecto, para la sociedad en libertad, concluye Justino Sínova.

El periodismo, como baluarte de la libertad de expresión, debe vigilar que los representantes de la sociedad en las instituciones públicas no caigan en la tentación autoritaria, preparándose y fortaleciendo las defensas naturales como la conformación de agrupaciones, la certificación, la profesionalización y el impulso a proyectos legislativos que fortalezcan esta noble labor humana.

Comentarios: rodrigo_ramireztarango@hotmail.com

Sínova, Justino, “Poder público y medios de comunicación: síntomas de la tentación autoritaria”, http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/031/Num031_007.pdf

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