Urgen más organismos auditores

Urgen más organismos auditores y autónomos: Jiménez Castro
Urgen más organismos auditores

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Julio César Jiménez Castro, saludó con beneplácito la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que se llevó a cabo este jueves 15 de marzo en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Judicial.
 
“Es evidente que la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es un acto de gran relevancia para el estado de Chihuahua, pues representa un enorme avance en los esfuerzos que en la actualidad están dirigidos al combate a la corrupción y abre la posibilidad de contribuir en la promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos”, expresó Jiménez Castro durante su discurso.
 
Añadió que la conformación de dicho comité “contribuye enormemente a superar el atraso que en las áreas de fiscalización de recursos públicos imperaba en Chihuahua; estado que a nivel nacional, siempre fue calificado como uno de los más rezagados en esta materia. Es por eso –dijo– que quienes tenemos el honor de integrar este Comité Coordinador debemos asumir y cumplir cabalmente con las obligaciones que la normatividad nos impone y, de manera responsable, ejercer las facultades que nos confiere la Constitución política y la Ley del Sistema Anticorrupción, ambas del estado de Chihuahua.
 
Con la ausencia de Alejandro de la Rocha comisionado del Ichitaip, en el evento inaugural participaron Stefany Olmos, titular de la Secretaría de la Función Pública; el propio Jimenez Castro; Armando Valenzuela, encargado del despacho de la Auditoría Superior, y José Antonio Tamez, representante del comité ciudadano.
 
Durante su intervención, el presidente del Poder Judicial reconoció que los retos que recaen sobre el Comité Coordinador no son pocos ni sencillos, “y uno de los más importantes es impulsar, en el estado, el uso de las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de los recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas”.
 
“Debemos tener presente que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Sistema Nacional de Fiscalización deberá homologar las normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, y es claro que el uso adecuado de dichas disposiciones traerá como consecuencia el impulso de la independencia que permita a los auditores de la Auditoría Superior en el Estado, así como de los diversos Órganos Internos de Control que operan en los entes públicos, actuar al margen de las prioridades del ente auditado, de la contienda política e, inclusive, de la opinión pública, con el fin de que puedan realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad, lo cual a su vez, contribuirá positivamente en el cumplimiento de las tareas de vigilar, revisar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos”, destacó el magistrado.
 
Urgen más organismos auditores y autónomos
 
En su discurso, Jiménez Castro afirmó:
 
“Dentro de las reglas contenidas en las citadas Normas Profesionales, resulta urgente implementar aquellas encaminadas a lograr la existencia de organismos auditores, operantes bajo la premisa de la autonomía, entendida como la no sujeción del organismo auditor a ninguna presión o influencia de parte de los entes auditados, ya que como se desprende de las mismas, los organismos auditores sólo pueden cumplir objetiva y eficazmente con sus atribuciones, si no tienen un vínculo de subordinación respecto al ente auditado, y están protegidos contra influencias externas en cuanto a sus decisiones.
 
Ahora bien, cambiar el ánimo de controlar a quien revisa la gestión gubernamental, no es una tarea fácil, no obstante lo anterior, debemos trabajar arduamente para que se dé cumplimiento a las normas profesionales de actuación de las entidades de fiscalización, ya que es este el único camino para que estos órganos técnicos puedan cumplir eficientemente sus fines.
 
Debo destacar que en el Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura está trabajando en la emisión de las disposiciones que reglamentan el actuar de la Contraloría y la Visitaduría Judicial, tomando siempre en cuenta la importancia de la independencia en la fiscalización de la administración pública.
 
En el Consejo de la Judicatura, sabemos que la auditoría del sector público, es una labor primordial para combatir la corrupción y que una correcta fiscalización de los recursos gubernamentales tiene un impacto positivo en la confianza de la sociedad.
 
Por ello, en enero de 2017, esta Presidencia nombró nuevo titular de la Contraloría del Poder Judicial, pues antes de esta fecha, la Contraloría era un departamento que únicamente existía para cubrir el requisito de contar con un órgano interno de control, cuyo actuar se reducía a la realización de arqueos de caja y a recibir la declaración anual, mas no existía en sus archivos, evidencia de una sola auditoría realizada, como tampoco del inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa, ni mucho menos de la interposición de alguna denuncia penal.
 
 
 
 
 
 
 
Desde que el actual Contralor tomó posesión, tuvo plena libertad para decidir que revisar y absoluta independencia para formular denuncias y presentarlas ante la instancia correspondiente, cuando de los resultados de las auditorías practicadas, se desprendan los elementos que permitan presumir la comisión de un delito.
 
De esta suerte, la Contraloría del Poder Judicial auditó el ejercicio fiscal 2016, y, como resultado de las auditorías antes mencionadas, al día de hoy se han interpuesto varias denuncias penales, de las que se desprenden probables responsabilidades de 10 servidores públicos de primer nivel; y se han iniciado los procedimientos administrativos consiguientes y está por cerrarse la elaboración de la totalidad de los informes del aludido ejercicio 2016, de los que se derivan elementos que autorizan a presumir, la necesidad de iniciar nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa; y así mismo, elaborar las denuncias penales respectivas.
 
Aunado a lo anterior, está por concluirse la auditoría del ejercicio fiscal 2015, y es importante puntualizar, que al igual que en la Contraloría, a finales del año pasado se nombró un nuevo Coordinador General de la Visitaduría del Poder Judicial, la cual se ha fortalecido con la contratación de personal capacitado en la materia y actualmente, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha emitido el acuerdo de inicio de investigación correspondiente a 55 quejas presentadas en contra de Magistrados, Jueces y otros distintos funcionarios Judiciales, que en conjunto con las 10 que en el presente mes inicio la Contraloría, suman un total de 65 quejas que ya se están tramitando en los órganos internos de este Tribunal.
 
En ese sentido, debemos trabajar para lograr una clara comprensión de que un organismo auditor independiente, eficaz y confiable, resulta un componente esencial dentro de un sistema democrático en el que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad son factores indispensables para una democracia estable.
 
Es por ello, que dentro de las tareas del Comité Coordinador, está la de disponer las medidas necesarias para garantizar que nuestra Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control cuenten como mínimo con lo siguiente:
 
• Un marco legal apropiado y eficaz.
 
• Autonomía e independencia de los titulares.
 
• Acceso irrestricto, oportuno, directo y libre a la documentación e información necesaria para el apropiado cumplimiento de sus responsabilidades.
 
• Derecho de informar acerca de su trabajo de manera independiente.
 
• Libertad para decidir el contenido y la oportunidad de sus informes de auditoría.
 
• Que tengan los mecanismos eficaces para dar seguimiento a las acciones emitidas tras su labor auditora, y,
 
• Mantener su autonomía de gestión, incluyendo la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros apropiados.
 
Para lograr estas condiciones, debe el Comité Coordinador que hoy queda formalmente instalado, empeñar sus mejores esfuerzos y llevar a cabo las actividades conducentes que permitan alcanzar la independencia y autonomía de los órganos de fiscalización, a fin de estar en aptitud real y verdadera de combatir la corrupción y la impunidad”.

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